Política

Comisión de Fiscalización viabiliza juicio político al contralor Pablo Celi

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foto/kchcomunicacion.com

La Comisión de Fiscalización encontró una salida al enredo en el que cayó la Asamblea Nacional frente a la prelación de los juicios políticos en trámite desde el periodo anterior en contra del exministro de Energía René Ortiz y del contralor del Estado, Pablo Celi de la Torre. 

Recomendó archivar el juicio político en contra del exministro de Energía y de inmediato avocó conocimiento del proceso en contra del contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, presentado por el asambleísta Juan Lloret (UNES). 

En tanto, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sugirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que proceda a nombrar a un contralor encargado mientras se desarrolla el juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi. Aclaró que la Asamblea que preside está cumpliendo a cabalidad con su deber de fiscalizar y que no ha privilegiado un juicio político sobre otro, como “maliciosamente se ha informado en las redes sociales y en medios de comunicación”. 

La Comisión de Fiscalización se mantuvo en sesión permanente para elaborar y aprobar una resolución que permita recomendar al pleno de la legislatura el archivo del juicio político en contra de Ortiz, debido a que precluyeron los plazos, por lo tanto, a su criterio es improcedente continuar con el trámite; tomando en cuenta que no se entregó de manera oportuna la información del proceso iniciado en el anterior periodo legislativo, y además por no haber sido notificada la Comisión de la resolución tomada por el pleno de la Asamblea del pasado 25 de junio. 

Los miembros de la mesa determinaron que con fecha 12 de mayo de 2021, la ex comisión de Fiscalización avocó conocimiento, calificó y notificó del juicio al exministro de Energía y se ordenó la apertura del plazo de prueba; por ello, se puede establecer que los plazos del trámite de ese juicio político estarían precluidos, por lo que es improcedente continuar con la sustanciación del proceso, pues al hacerlo atentaría con las garantías del derecho debido proceso, el derecho a la defensa y seguridad jurídica determinados en la Constitución. 

Esta resolución entrará a conocimiento del pleno de la legislatura, observando los plazos que determina la normativa. 

En la misma sesión donde la Comisión de Fiscalización recomendó al pleno de la Asamblea Nacional archivar el juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz, los miembros de la mesa avocaron conocimiento del pedido de interpelación en contra del contralor del Estado subrogante, Pablo Celi. 

Pero la mesa espera reunirse este 30 de junio para calificar la solicitud de interpelación, disponer la notificación correspondiente, abrir la etapa de prueba de cargo y de descargo; y, determinar un calendario de comparecencias. 

Celi se encuentra privado de su libertad en la cárcel 4 de Quito, desde el 13 de abril de 2021, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. 

Los asambleístas consideraron que si bien Celi de la Torre goza de la presunción de inocencia, no es menos cierto que el caso del contralor detenido ha causado conmoción nacional debido a que la primera autoridad del ente de control se encuentra detenida y despachando desde la cárcel. 

La resolución aprobada por unanimidad se centra en avocar conocimiento del juicio contra Celi, notificado a la Comisión de Fiscalización con fecha 24 de junio. 

Pablo Celi será llevado a juicio político por cinco causales. El interpelante Juan Lloret señala que la designación de Celi como contralor no fue clara y estaría incurso en una abrogación de funciones. 

La segunda acusación tendría relación con el desvanecimiento de glosas contra Odebrecht, que a criterio de Lloret en ese proceso a la única empresa que no se determina responsabilidad es Odebrecht, cuando es cuestionada a nivel internacional. 

Una tercera acusación se refiere al contrato suscrito por la Contraloría con la empresa HDC Producciones, de propiedad de Daniel Salcedo; cuya empresa fue cuestionada por la propia Contraloría. 

Otra acusación se refiere a la supuesta injerencia del contralor Pablo Celi en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que caería en una abrogación de funciones porque ordenó la remoción de tres miembros del organismo electoral. 

El quinto elemento del juicio tiene relación con la acusación por delincuencia organizada que se lleva adelante en la Fiscalía General del Estado y que concluye con la detención de Celi, en la cárcel 4 de Quito, por desvanecimiento de glosas. 

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