Política

Contralor Pablo Celi en el caso Las Torres pide información a la Contraloría General sobre predeterminación y desvanecimiento de glosas

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Con la inasistencia a la versión convocada al procesado Pedro Saona y la versión de Luis Mejía, quien elaboró el informe de legalidad de la Procuraduría del contrato de la refinería de La libertad, es como continuó esta semana la investigación previa abierta en el caso Las Torres, causa penal en la que se investiga el delito de delincuencia organizada. Hasta el momento han pasado 42 días de la instrucción abierta el pasado 14 de abril. 

Saona fue vinculado al caso Las Torres el 17 de mayo pasado junto con otras cinco personas, entre quienes estaba el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Según la Fiscalía, Saona, al igual que Roy Calero y Álvaro de Guzmán, otros de los vinculados, habrían colaborado en la recepción, entrega y ocultamiento de dineros indebidos entregados por parte de la empresa Nolimit C. A. 

Pedro Saona en su primera versión se acogió al derecho al silencio, mientras que el lunes 24 de mayo último no compareció. Él debe presentarse desde el lunes 31 de mayo próximo como parte de la presentación periódica ordenada. Además, ese mismo día deberá colocarse el dispositivo electrónico de vigilancia. 

María del Mar Gallegos, abogada de Pedro Saona, durante la audiencia de vinculación señaló que las acciones de su defendido no se subsumen en el tipo penal de delincuencia organizada. Explicó que es una persona adulta mayor que contrajo COVID-19, por lo que se encuentra en un estado de salud delicado y salió del país para recibir un tratamiento. 

La Fiscalía investiga en el caso Las Torres una estructura que exigió pagos a cambio del desvanecimiento de cinco glosas, por aproximadamente $ 13 millones, y la liberación de pagos de planillas, correspondientes a contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre 2017 y 2020. Con la muerte del exsecretario de Presidencia José Agusto Briones, la tarde del domingo último, ahora son solo trece las personas procesadas. 

Nolimit, entre los años 2012 y 2017, recibió $ 121 millones en contratos de Petroecuador, principalmente para bombas y asistencia en mantenimiento para las readecuaciones de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Justamente sobre uno de los contratos con esta última refinería es que habló Luis Mejía en su versión dada el martes último. 

Mientras, la Fiscalía dio paso a pedidos de información hechos por la defensa del contralor (s) Pablo Celi, quien también es uno de los trece encausados. Celi solicita que la Contraloría General del Estado (CGE) emita información certificada con un detalle sobre el viaje oficial que él tenía programado para el mes de abril pasado a Washington D. C., Estados Unidos, se entregue una copia de la invitación remitida para el evento oficial, así como de la documentación generada entre la CGE y el Ministerio de Relaciones Exteriores para tal efecto. 

La defensa de Celi requirió que se pida al Consulado de Estados Unidos en Quito que informe si en esa dependencia se encuentra el pasaporte de Pablo Celi y desde qué fecha. 

Durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva que pesaba contra Celi y otros, la fiscal general, Diana Salazar, señaló que respecto a varios de los procesados en este caso existe el peligro de fuga y resaltó el hecho de que el contralor Celi días antes del operativo en el que fue detenido, el 12 de abril pasado, solicitó de forma urgente visa para Estados Unidos y España. 

Marcelo Ron, abogado de Celi, en respuesta a esa aseveración apuntó que su cliente debía realizar un viaje oficial a Estados Unidos y lo que hizo es solicitar que se le ponga la visa en el pasaporte nuevo, porque aún tenía vigencia la visa; mientras que respecto al caso de la solicitud de visa a España dijo que es un hecho falso. 

Celi solicita a la Fiscalía que emita un oficio al Consulado de España en Quito para que informe si Pablo Celi ha presentado solicitud de visa en lo que va del año 2021. 

Además, Celi, a través de su defensa, pide una certificación en la que conste cuál es el proceso para realizar un examen de auditoría, qué personal de la CGE realiza el trabajo in situ, cuál es el trámite para la predeterminación de una glosa y cómo se confirma o se desvanece esta, debiendo indicar el procedimiento a seguir, los funcionarios que participan y el registro que existe al momento de realizar estos trámites. 

En tanto, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, autorizó a la Fiscalía la práctica del reconocimiento, apertura, análisis, explotación, extracción de información, transcripción, materialización de información, así como también se realizará el reconocimiento y análisis de todas las evidencias para las diversas pericias de informática forense, audio y video, documentales y otras según corresponda de una nueva evidencia llegada desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

En el Centro de Acopio del Departamento de Criminalística se encontraban dentro de un sobre varios dispositivos electrónicos que deberán ser presentados en una audiencia reservada y luego periciados por agentes de Criminalística.  fuente/Eluniverso

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