Economía

Organización ambiental propone ‘canje’ de deuda externa del Gobierno a cambio de ampliar la protección marítima de Galápagos

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foto/elcomercio

La propuesta está en análisis dentro del Gobierno. Se trata de una iniciativa impulsada por Ocean Finance Company (OFC) y Robert Weary, consultor de The Nature Conservancy, una organización internacional que impulsa la conservación. Su idea es reunir USD 600 millones y usarlos para comprar deuda externa: 1 000 millones en bonos 2030, que tienen actualmente un descuento de 40 centavos por cada dólar. A cambio, el Gobierno debe ampliar la reserva marina de Galápagos. Pasaría de los 133 000 kilómetros cuadrados a un área marina de entre 380 000 y hasta 518 000 kilómetros. La operación se basa en un modelo denominado “conversión de deuda por naturaleza”, que en el Ecuadorya se usó en 1987, cuando Roque Sevilla propuso un canje de USD 10 millones de la deuda externa para financiar actividades de protección en parque nacionales. En 1989, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), junto a The Nature Conservancy y el jardín Botánico de Missouri adquirieron USD 9 millones al precio de USD 1 millón y el gobierno ecuatoriano debió entregar el equivalente en moneda nacional a la Fundación Natura. “Es una oportunidad para el Ecuador para proteger y reducir la deuda. Pero hay que sentarse a negociar con el sector pesquero”, dijo Sevilla. La propuesta de OFC fue enviada al presidente Lenín Moreno, el pasado 2 de febrero del 2021, por el activista en conservación chileno, Max Bello. “Estamos en la fase inicial…. hemos sido claros que lo que buscamos es el beneficio de la naturaleza, de los pescadores y de la comunidad local”. 
 
Weary, de The Nature Conservancy, asegura que en términos económicos el beneficio del Estado es de USD 635 millones. “Estos incluyen: USD 120 millones de alivio inmediato de la deuda, a través de su cancelación directa o USD 103 millones en ahorros de intereses, debido a una menor tasa de interés que la que se paga por la deuda reestructurada y USD 412 millones de redireccionamiento de deuda para ser invertidos en el país (Galápagos específicamente)”. Según el activista, otro beneficio es que “bajo los términos de los bonos comerciales 2030 (o cualquier otro bono para el caso) el Gobierno de Ecuador no puede recomprar su propia deuda con un descuento;” solo un tercero puede, de ahí la capacidad del acuerdo propuesto para crear todos los flujos de caja positivo para el gobierno y la conservación”. En el documento se dice que el Estado debe acordar los términos del canje y OFC ejecutaría la compra de la deuda.  

Fausto Ortiz, quien analizó la propuesta, dice que la iniciativa no es muy atractiva. Explica que los USD 600 millones comprados por la organización se convertirían en una nueva deuda de valor fijo. Inicialmente el Estado tendría un beneficio de USD 400 millones. Pero, según Ortiz, el país tendría que hallar financiamiento adicional para cubrir el aporte anual que debe hacer durante 20 años a un Fondo Fiduciario para la Conservación que se pretende crear. Ese valor sería de unos USD 286 millones en total. Con ello, el beneficio neto para el Estado es de poco menos de 120 millones. “Si mañana el precio de la deuda en bonos sube, el Estado habrá hecho un gran negocio.  

Pero si en lugar de revalorizarse, el precio de la deuda sigue bajando, como de hecho se espera que suceda, se habrá perdido la oportunidad de comprar los bonos más baratos a futuro”. En segundo lugar, según Ortiz, los bonos 20230, que recién se renegociaron, hoy tienen una tasa de interés barata. “Otra cosa sería que la propuesta apuntara a canjear deuda china, que es costosa y de corto plazo”. Bello dijo que no se descarta que la compra de deuda sea por otro tipo de obligaciones. “Nada está escrito en piedra. Lo importante es buscar un mecanismo y dialogar”. Y agregó: “Hemos sido bien claros de que, a quien le pertenece esto (el fondo) es al Gobierno… esperemos que podemos ver las mejores herramientas para el beneficio de todos los actores, incluida la industria pesquera del Ecuador”. Para el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, la ampliación de la zona de protección marítima alrededor de Galápagos implicaría un perjuicio “terrible” para la industria.  

Dijo que actualmente, la pesca en la franja que se propone conservar representa el 25% del total de producción, que es de 280 000 toneladas de atún al año. También cuestionó la creación del fondo de conservación que, según la propuesta, sería manejada desde los EE.UU. “Ahora queremos que gente de afuera administre nuestro mar territorial”, señaló Leone. Entre quienes apoyan la idea está el colectivo Más Galápagos, que reúne a 156 organizaciones nacionales y extranjeras. Este grupo plantea que dentro de la zona de conservación ampliada se entregue un espacio para la flota pesquera. Sobre este punto, Bello dice “las áreas marinas protegidas generan más biomasa y más diversidad; la industria de la pesca se beneficiaría de ello”.  

La zona alrededor de Galápagos se ha convertido en una importante reserva de vida marina que cada año atrae a la flota pesquera asiática. En el 2020, más de 300 barcos se situaron en el límite de la reserva, en aguas internacionales, en donde tienen licencia para operar. Eliecer Cruz, de Más Galápagos, asegura que la actual zona de protección ha ayudado a preservar el 95% de los leones marinos y el 99,6% del león peletero. Pero en las especies migratorias la cobertura baja. Por ejemplo, el 21% de los albatros son protegidos, pero con extensión del área esto pasaría al 91%. El tiburón martillo es ahora protegido en un 40%, pero con la propuesta subiría al 90%. Entre las especies en peligro de extinción que más se beneficiarían están el tiburón ballena y la tortuga laud. Estas especies son protegidas en un 27% y 21% y el plan es que suban al 77 y al 70% respectivamente. La situación de la tortuga laud es especialmente sensible pues su población se ha disminuido en un 95% en las últimas tres generaciones (75 años). 

fuente/ | El Comercio

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